El Poder Judicial de Jujuy fue notificado de la resolución de la CIDH que pide la "inmediata liberación" de la militante.
El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy recibió la resolución dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a la medida cautelar solicitada en favor de Milagro Salas, que le reclama al Estado argentino el cumplimiento de la resolución del grupo de trabajo la ONU que pide “su liberación inmediata”, o la adopción de “medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario”, informó hoy en el Poder Judicial jujeño.
El documento de la CIDH fue remitido formalmente ayer por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por el Poder Ejecutivo Provincial a la presidenta del máximo tribunal de justicia provincial, Clara Aurora De Langhe de Falcone, según ser informó en un comunicado.
La resolución le fue remitida por el coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio nacional, Ramiro Badía.
En tanto, desde el Poder Ejecutivo Provincial se emitió el Decreto 4448-G-, del 2 de agosto último, con las firmas del gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, para que “se consideren los requerimientos establecidos en la misma”.
La comunicación señala en sus considerandos que “la República Argentina es estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, que la Convención sobre Derechos Humanos posee jerarquía constitucional por el Art. 75º inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina”.
Puntualiza luego que “la provincia de Jujuy es parte integrante e inseparable de la de la Nación Argentina como unidad política; pero además, el Gobierno de la Provincia de Jujuy tiene la vocación de acompañar con firme convicción todas las acciones y procesos nacionales e internacionales tendientes al respeto de los derechos humanos en plena dimensión jurídica, social y económica”.
Luego señala que “pese a conocer que las condiciones de detención de la señora Milagro Sala se adecúan a estándares internacionales aplicables, en la resolución de la CIDH se citan situaciones de gravedad o urgencia, o riesgos de daños irreparables a la vida e integridad de la persona; ergo, sin perjuicio de dejar en claro que el Poder Ejecutivo Provincial de ninguna manera las reconoce, no puede admitirlas con sustentos en extremos objetivos, ni las comparte”.
No obstante “con respeto irrestricto al sistema republicano de división de poderes, y siendo competencia exclusiva del Poder Judicial los procesos penales como integridad, en especial, lo referente a derechos de las personas privadas de libertad, se pone en conocimiento del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy la Resolución Nº 23/2017, para que, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, se consideren los requerimientos concretados”, agrega.
La resolución de la CIDH, difundida el último viernes, urge al Estado argentino dar cumplimiento a la resolución del grupo de trabajo la ONU que pide “su liberación inmediata”, o la adopción de “medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad”.
Sala está detenida desde enero del 2016, primero a raíz de un acampe que la agrupación Tupac Amaru realizaba frente a la sede de la Gobernación y, luego, bajo prisión preventiva, en causas que se tramitan en su contra por acusaciones de fraude, extorsión y asociación ilícita, a raíz del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
La dirigente social est{a alojada en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como “Penal del Alto Comedero”.